En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá D. C. – Sala Penal en sentencia del 09 de noviembre de 2024, la ADRES dio apertura al proceso de cobro coactivo y libra el respectivo mandamiento de pago contra el expresidente de Saludcoop EPS, Carlos Gustavo Palacino Antía, con el fin de recuperar los recursos de la salud que fueron desviados para fines diferentes.

La ADRES toma esta determinación luego de que quedaran en firme las decisiones del Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al ser inadmitido el recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - en contra del citado exdirectivo.

Cabe destacar, que la acción de cobro coactivo ya fue notificada a Palacino Antía y asciende a $289.982.065.667, valor indexado desde el 2005, limitándola a la suma de $579.964.131.334, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional.  

Resarcimiento

El 1 de julio de 2025, el Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida el 16 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que a su vez ratificó la decisión que en primera instancia emitió la Contraloría en 2013.

El expresidente de SaludCoop, Carlos Palacino, deberá resarcir $1.4 billones al Estado por los actos de corrupción en la mencionada EPS.

Palacino fue encontrado responsable por el órgano de control en su momento de desviar recursos para la salud de los colombianos para inversiones de distinta índole.

En 2011 se conoció el escándalo de SaludCoop, que también generó una sanción a Palacino por parte de la Procuraduría. Fue inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos y lo multaron a pagar $56 millones.

Además, Palacio fue condenado a 15 años y un mes de prisión por los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Este año el Tribunal Supremo de Bogotá confirmó la condena, que también ordenó una inhabilidad de siete años y ocho meses en su contra.

El modus operandi era que mediante un esquema fraudulento se expidieron cheques por servicios de salud no prestados, que posteriormente eran anulados o no entregados a los beneficiarios. Sin embargo, sí eran cobrados, por lo que el Fosyga desembolsó $14.269 millones, correspondientes a 2.912 recobros irregulares.